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Sinopsis
No es posible cuestionar el éxito general de la reforma china. En quince años ha logrado multiplicar su PIB en más de cinco veces y desde 1979 su renta per capita se ha doblado cada 10 años.
Sin embargo, la reforma tiene sus agujeros negros. En educación, China se encuentra lejos de consagrar a esta materia el 6% del PNB que recomiendan los organismos internacionales. En el mundo laboral hay desempleo, precariedad, desregulación y se echa en falta una legislación laboral adecuada en materia de contratos y garantías en la seguridad en el trabajo.
El principal espejo de la delicada situación social de China se relaciona con el incremento en las desigualdades y el declive en la lucha exitosa contra la pobreza que se patentizó en la década de 1980. Las diferencias en materia de ingresos y condiciones de vida nutren el malestar en las zonas rurales y precipita el éxodo hacia las ciudades. Los trabajadores rurales emigrados a la ciudad están adquiriendo peso e importancia y están originando numerosos movimientos que han obligado al Estado a reconocerles ciertos derechos.
A comienzos de 2006 el gobierno central ha preparado una lista de objetivos a alcanzar en este terreno para asegurar un nivel mínimo salarial, pagos regulares, sistemas de controles, en los pagos y contratos de trabajo, etc., que eliminen las discriminaciones y garanticen los derechos de estos segmentos de la población.
La ebullición que presenta lo social en China, anuncia cambios y transformaciones que el PCCh tiene dificultades para acompañar, más allá del simple enunciado o consigna. Tiende a legitimar las reivindicaciones y aspiraciones de los emigrantes y otros colectivos pero no consigue vencer las reticencias que expresan su preferencia por la autoorganización para exigir sus derechos.
Los cambios que afronta Beijing deben asegurar la coordinación de múltiples intereses y la distribución equitativa de la riqueza. Si se ignora la dimensión social, la reforma cojea y su estabilidad corre serio peligro.
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